El texto normativo aprobado en el Congreso obvia la incorporación de medidas eficaces para promover el crecimiento en tamaño, como son la eliminación o simplificación de las cargas regulatorias, incentivos para la unión de pequeñas y medianas empresas o medidas fiscales para la aportación de capital.
Por tanto, la necesaria iniciativa encaminada a incrementar la competitividad empresarial se ha traducido en una enorme decepción para la Confederación de la pyme española.
La crisis económica ha supuesto importantes pérdidas para las empresas de nuestro país, con el consiguiente deterioro de su posición financiera cuando no de su propia viabilidad. En este contexto, al que se suma la crisis inflacionaria, las empresas registran una pérdida de rentabilidad que puede comprometer su viabilidad y su crecimiento.
En relación con la morosidad, durante los últimos meses, y fruto de la situación actual, la morosidad ha aumentado principalmente entre las pymes, que son las que más han sufrido los efectos de la pandemia y las que más están sufriendo los efectos de la inflación.
En esta situación y ante un escenario económico sombrío para los próximos años, si bien la norma incluye algunos aspectos positivos, incorpora medidas de dudosa eficacia que suponen nuevas cargas para las pymes, dificultando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un momento delicado para muchas empresas.
CEPYME defiende la definición de una estrategia eficaz y realista de lucha contra la morosidad, ya que este fenómeno lastra a su vez la productividad y el crecimiento de muchas pymes. No obstante, la morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca, en el que se incluyan acciones pertinentes que mejoren el acceso de liquidez a las empresas.
"En este sentido, entendemos que el establecimiento de sanciones no es un instrumento por sí solo eficaz. Por tanto, la pérdida de acceso a subvenciones públicas y también a los fondos europeos resulta totalmente desproporcionada en esta coyuntura", según CEPYME.
Especialmente en este ámbito, CEPYME no comparte que la norma incluya nueva burocracia en la solicitud de subvenciones para todas las empresas, ya que perjudica directamente a las de menor tamaño y menos recursos, ralentizando de este modo la ejecución de los fondos europeos y, sobre todo, su llegada a las pymes.
Por otra parte, la generalización de la factura electrónica y el establecimiento de importantes sanciones no se corresponde con la realidad de las limitaciones digitales de las empresas de reducido tamaño en nuestro país.
"Por este motivo, desde CEPYME valoramos la inclusión de un plazo de tiempo mayor para que las pymes puedan implantar la factura electrónica obligatoria. Desde CEPYME recordamos que la menor productividad de la empresa española está estrechamente vinculada a su menor tamaño y uno de los principales factores limitativos de crecimiento siguen siendo las barreras burocráticas de distinta índole que lo desincentivan. Promover el crecimiento del tejido empresarial español conllevará más productividad empresarial, más actividad y, por ende, más generación de recursos y empleo de mejor calidad, beneficiando de este modo al conjunto de la sociedad española", concuye el comunicado.
