El Congreso dio luz verde este jueves a la Ley de creación y crecimiento de empresa con la que se pretende por un lado facilitar la creación de empresas, y por otro lado luchar contra la morosidad comercial e impulsar el crecimiento de las pymes, reduciendo los obstáculos regulatorios y financieros.
La ley introduce elementos como la reducción del mínimo de capital social exigido -de 3.000 euros a 1 euro-, la obligación de que las sociedades incluyan en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores, no dar subvenciones a las firmas morosas y la creación de un observatorio de la morosidad que vigilará los plazos de pago.
"Se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que publicará un listado anual de empresas morosas con más de 600.000 euros de pagos o más de un 5% de sus facturas fuera de plazo", apuntan desde el Gobierno.
También se ha introducido un plazo de 24 meses para que las empresas incorporen la factura digital, en caso contrario recibirán multas de hasta 10.000 euros.
«Se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial», apuntan desde el Gobierno acerca de la ley aprobada este jueves.
Respecto a la financiación, con la nueva ley se potencian los instrumentos de financiación alternativa al crédito bancario para las empresas, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.