Según explicó el Ejecutivo en la referencia de acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, la aplicación efectiva de la medida, sujeta a la aprobación previa de la Comisión Europea, “permitirá que las empresas y autónomos, previa aprobación por la entidad financiera, puedan ampliar hasta 8 o 10 años el plazo de amortización de sus préstamos”.
Con ello, agregó el Gobierno, “se facilita el mantenimiento de empresas viables que tengan dificultades una vez finalizado el marco temporal, mediante el alargamiento del plazo de su préstamo avalado, concediéndoles un mayor margen para hacer frente a sus obligaciones”.
El Ejecutivo destacó que esta medida se añade a las adoptadas en el Código de Buenas Prácticas, “que regula el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con aval público y que estará vigente hasta junio de 2023 para la solicitud de transferencias”.
