Este Plan de ayudas prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Todo ello para bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes ayudando en particular a los colectivos más vulnerables; apoyar a los sectores y a las empresas más afectadas y particularmente a pymes y a autónomos; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad, ha anunciado el Gobierno.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. ha enumerado algunos de los sectores más afectados que recibirán ayudas directas. Habrá 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones de euros para el sector pesquero; más de 500 millones de euros en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva. Asmismo, los autónomos y pymes pertenecientes a estos sectores especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
El sector del transporte será el principal beneficiario de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y las empresas de transporte de mercancías y pasajeros recibirán además 450 millones de euros en ayudas directas. Sin embargo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), advierte de que las pequeñas y medianas estaciones de servicio carecen de capacidad financiera para adelantar los descuentos anunciados por el Gobierno
Respecto a las medidas destinadas a garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos, ha explicado que los avales por 10.000 millones de euros que gestionará el ICO podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.
Por otro lado, se flexibiliza el Código de Buenas Prácticas aplicable a todos los avales correspondientes a los créditos COVID, de forma que ya no sea necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a una ampliación del plazo de vencimiento.
En materia de empleo, la ministra ha explicado que se ha incorporado como novedad que cualquier despido que se produzca por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía se considirará injustificado.
