El informe prevé el cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las empresas del sector de alimentación y bebidas, debido a los nuevos objetivos de reutilización y de reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Estos objetivos conllevan un incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector.  Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las compañías ubicadas en el medio rural, serían en general las más afectadas. Abocaría al cierre de 2.400 compañías -más del 7% del total de la industria-, principalmente pymes y empresas ubicadas en el medio rural.

Solo en términos de empleo, estima la industria, su aplicación amenaza el mantenimiento de 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas, según datos del análisis realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), que estima que los costes para la industria de alimentación y bebidas de la nueva normativa representarían alrededor de 7.050 millones de euros.

La propuesta del Gobierno, actualmente en tramitación, representa a juicio del sector un `viraje normativo´ respecto a la ruta marcada por la U.E. y en algunos aspectos excede las directivas europeas e impondría inversiones de 6.270 millones de euros en una década para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Una inversión inasumible para algunos segmentos del sector.

De estos 6.270 millones de euros en inversiones, el impacto se divide en 4.670 millones asociados a los nuevos objetivos de reutilización y 1.600 millones de euros a la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso. A estos datos hay que añadir el incremento del coste de la RAP de 490 millones de euros y el impuesto al plástico, 300 millones de euros, como consecuencia de la futura Ley de residuos, actualmente al final de su tramitación.

“Las medidas incluidas en el Real Decreto llegan en el peor momento -con la inflación disparada y un ritmo de recuperación más lento-, merman la competitividad de la industria y ponen freno a la necesaria recuperación económica del país. Hacemos un llamamiento al diálogo con el sector para identificar soluciones viables y de consenso”, explica Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

“El sector precisa de iniciativas que incentiven la actividad y para ello se necesitan medidas equilibradas y proporcionales. Es el momento de trabajar para mejorar la competitividad de la industria -que genera anualmente más de 24.000 millones de euros en valor añadido y más de 430.000 empleos- de manera que podamos contribuir a la recuperación del consumo. Con el borrador de Real Decreto pierden el tejido industrial y las pequeñas empresas y pierden los ciudadanos”, añade.

Las reflexiones se trasladan también al ámbito de la sostenibilidad. “El compromiso del sector con la sostenibilidad y la economía circular es firme y unánime, pero se requiere de una transición justa, como se está planteando en otras industrias”, destaca García de Quevedo.

A este respecto, la industria insiste en la necesidad de que la sostenibilidad y la competitividad de las empresas vayan de la mano. El sector trabaja en estrategias y modelos de producción que permiten la prosperidad económica con criterios ambientales y sociales y cuenta con un importante bagaje e iniciativas para avanzar hacia la Economía Circular y hacer un uso racional de los recursos, favoreciendo a la vez la sostenibilidad de las empresas y el empleo.

Por su parte, Diego Vizcaino, socio de AFI, concreta: “El impacto en el PIB sería de hasta 1.560 millones de euros por el Real Decreto, que alcanzarían los 1.640 millones -un 6,3% del total del sector- si se suman los efectos derivados de la Ley de Residuos”.

Impacto en la España vaciada y desigual efectos por regiones

La Industria de Alimentación y Bebidas actúa como agente de conexión entre el medio rural y el urbano y su desarrollo y mejora de la competitividad contribuye directamente a la dinamización de las zonas rurales y a la lucha contra la despoblación.

Las consecuencias del borrador de Real Decreto de Envases -apunta el sector- tendría un impacto negativo muy relevante en la llamada España vaciada o despoblada. Según un estudio reciente de FIAB y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el 17% de su población se asocia a esta industria -más de 830.000 personas-, así como el 16,2% de su PIB. Esta industria cuenta con plantas de transformación vinculadas al sector primario y plantas envasadoras que suponen una garantía de futuro social y económica en amplias zonas del país que no cuentan con otras alternativas de desarrollo.